Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial Responsable en el ámbito subnacional

Antecedentes

SUSTENTIA, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia trabajan juntos desde hace tiempo en el marco de un proyecto de promoción de la política pública en Derechos Humanos y Empresa desde el nivel departamental en Colombia. Cada una de estas entidades tiene un profundo conocimiento y una dilatada experiencia en la materia, tanto a nivel europeo como latinoamericano.

Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Salta y el Gobierno de la Provincia de San Juan han empezado a trabajar juntos en un proyecto del ‘Fondo CERALC para la promoción de la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe’, fondo financiado por la Unión Europea con el objetivo de apoyar a los gobiernos a impulsar el enfoque de Derechos Humanos y Empresa desde el ámbito público subnacional, con motivo de la elaboración de los ‘planes de Derechos Humanos’ de cada una de las entidades.

En el marco de este proyecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Oficina Regional para América del Sur, impulsor del mismo, invitó a SUSTENTIA con el fin de exponer y compartir la experiencia de Colombia, propiciando así un acercamiento entre todas las entidades implicadas en ambos proyectos y generando un fuerte interés por el modelo colombiano.

De esta manera, surge una alianza entre todas las entidades a la que se suma también la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - Oficina Técnica de Cooperación de Colombia, quien tiene una larga trayectoria en esta materia y ha trabajado estrechamente con SUSTENTIA en varias ocasiones.

Entidades y roles

Reto de desarrollo

Gracias a esta Iniciativa de Cooperación Triangular, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Salta y el Gobierno de la Provincia de San Juan pudieron aprovechar todo el conocimiento, experiencia y capital relacional en el ámbito de la Conducta Empresarial Responsable y, de forma particular, en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa de SUSTENTIA, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia, como contribución a su reto de impulsar el enfoque de Derechos Humanos y Empresa desde el ámbito público subnacional en Argentina y de elaboración de sus propios ‘planes de Derechos Humanos’.

La Alianza generada para responder a este resto nació con una fuerte vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo. De hecho, al finalizar la ejecución de la Iniciativa se fundó y lanzó públicamente la Alianza de Territorios Responsables América Latina-Europa (ATRAE), como una red de articulación de actores para el trabajo en políticas públicas sobre Derechos Humanos y Empresa en el nivel territorial abierta a todo tipo de actores comprometidos de ambas regiones.

Gracias a  la Alianza y a ATRAE se han generado espacios hasta ahora inexistentes pero con un gran potencial entre actores de un mismo país, que han permitido un interesante trabajo conjunto durante la Iniciativa y posteriormente poner a disposición de otras provincias de Argentina todos los aprendizajes generados durante la misma.

Por otro, se ha podido aprovechar estos mismos aprendizajes para otros procesos liderados por entidades de la Alianza en Colombia y en España, así como en otros países de América Latina y el Caribe, algunos ya muy avanzados como los casos de Chile y Perú.

A su vez, gracias a la participación de SUSTENTIA en distintos programas internacionales sobre esta materia, así como a la dimensión global del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los aprendizajes de generados por esta Iniciativa están llegando a redes y plataformas de nivel regional y global.

Esta Iniciativa de Cooperación Triangular buscó fortalecer las capacidades de las entidades de la Alianza para diseñar e implementar políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa a nivel subnacional, generando un ‘documento guía’ adaptado a este contexto, como primer paso hacia un modelo replicable a escala nacional y regional.

Triangulación

Existe un fuerte consenso alrededor del rol estratégico del sector privado empresarial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, es clave promover y consolidar las Conductas Empresariales Responsables, siendo el enfoque de Derechos Humanos y Empresa uno de los principales ejes.

Desde este enfoque, tanto los gobiernos nacionales como subnacionales tienen la obligación de proteger los Derechos Humanos de los impactos producidos por las actividades empresariales. De hecho, se ha demostrado que en determinados contextos y con determinados tipos de empresas el rol de los gobiernos subnacionales es decisivo. Este ejercicio se enmarca en la tan deseada ‘localización de la Agenda 2030’. Sin embargo, la escasez de experiencias de políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa en el nivel subnacional nos invita a fomentar procesos de trabajo conjunto entre los propios actores locales con el fin de crear modelos apropiados y herramientas adaptadas.

Gracias a esta Iniciativa se aprovechó el conocimiento sobre los estándares internacionales, así como la experiencia con la que cuentan entidades españolas y colombianas, para formar a funcionarios y empleados públicos subnacionales argentinos en el diseño e implementación de estas políticas en el marco de sus ‘planes de Derechos Humanos’ y para la generación de modelos replicables y escalables.

Enfoque sectorial - contribución a la Agenda 2030

ODS Primario

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

Meta 8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas

ODS Secundario

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales

ODS ADELANTE

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

Enfoque territorial

Metodología de intervención

La metodología de intervención de esta Iniciativa se centró en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y empleados públicos de las entidades de la Alianza para el diseño y la implementación de políticas públicas sobre Derechos Humanos y Empresa, acompañando el proceso formativo con el análisis en detalle de experiencias similares en otras entidades de nivel subnacional.

La primera actividad fue una consultoría que tuvo un triple objetivo: a) profundizar en la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Salta y de la Provincia de San Juan desde el punto de vista de los riesgos e impactos en Derechos Humanos de las actividades empresariales, b) elaborar materiales específicos de cara la formación y al trabajo conjunto previsto en las siguientes actividades y c)  elaborar un ‘documento guía’ con elementos que faciliten la orientación de los planes y la toma de decisión a lo largo del proceso. La consultoría fue realizada por profesionales que han liderado y coordinado procesos similares en España y en Colombia.

Posteriormente tuvo lugar un curso sobre Derechos Humanos y Empresa, Conducta Empresarial Responsable y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El curso se diseñó especialmente para los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos subnacionales beneficiarios de esta Iniciativa. Fue una formación virtual de dos meses de duración en la que se profundizó en los riesgos e impactos de las actividades empresariales de su entorno (partiendo de información recogida y sistematizada durante la consultoría) para vincularlos con las obligaciones asociadas de los gobiernos en todos los niveles y las responsabilidades de los distintos actores, llegando hasta las medidas que se pueden tomar desde el ámbito de las políticas públicas. Todo ello alineado con los estándares y la normativa internacional de referencia y orientado hacia los ‘planes de Derechos Humanos’. Se dedicó también una línea de trabajo a analizar los retos que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto en el ámbito de Derechos Humanos y Empresa.

En este curso SUSTENTIA aportó su experiencia de más 15 años en aplicación práctica de los estándares internacionales en distintos países de la Unión Europea y de América Latina, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto sus metodologías pedagógicas y de investigación, así como su conocimiento especializado sobre Derechos Humanos en América Latina, y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia su experiencia reciente con los gobiernos subnacionales colombianos y los aprendizajes derivados de la misma.

La Iniciativa se cerró con un seminario, que tuvo lugar en Argentina. El seminario partió de la puesta en común de varios casos de estudio tanto de Europa como de América Latina, destacando en este último caso las experiencias de Colombia, Chile y Perú, así como de la propia Argentina. Partiendo de la información recogida durante la consultoría, de la formación impartida durante el curso y de los casos de estudio, representantes de las entidades de la Alianza trabajaron juntos con el objetivo de generar una herramienta que ayude identificar los riesgos e impactos de las actividades empresariales y las medidas más adecuadas para abordar los riesgos, además de cómo manejar las relaciones con los actores clave para la creación, aplicación, seguimiento y evaluación participada de estas políticas públicas.

Partiendo de este trabajo, se elaboró un ‘documento guía’ que se puede considerar como el primer paso de un modelo que podrá tener un gran potencial a disposición de otros gobiernos subnacionales de los países implicados y del conjunto de la región. Una de las virtudes de este documento es la identificación y pautas para la solución de obstáculos comunes, uno de los principales puntos de riesgo de estos procesos.

Este ‘documento guía’ se irá enriqueciendo con las lecciones derivadas de la aplicación del modelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Salta y en la Provincia de San Juan y en otros ámbitos en el marco de ATRAE, lecciones que servirán de insumo para otros procesos en los que las distintas entidades de la Alianza están implicadas.

El en ámbito del seminario tuvo lugar el lanzamiento y la presentación pública de la Alianza de Territorios Responsables América Latina-Europa (ATRAE), como una red fruto de esta Iniciativa que busca la articulación de actores especializados para el trabajo en políticas públicas sobre Derechos Humanos y Empresa en el nivel territorial, abierta a todo tipo de entidades de ambas regiones.

Personas beneficiarias directas

Según la Norma 9 de la Guía para solicitantes: todas las personas que participan en las actividades de la Iniciativa.

Según la Norma 9 de la Guía para solicitantes: todas las personas que participan en las actividades de la Iniciativa.

Esta Iniciativa contó con 58 personas beneficiarias directas, divididas en dos grupos: por un lado, profesionales vinculados a las entidades de la Alianza, siendo 37 funcionarios / empleados públicos vinculados a las entidades Beneficiarias, dentro de los que destacan las 15 personas implicadas directamente en la elaboración de los ‘planes de Derechos Humanos’ de los correspondiente gobiernos locales, así como 3 profesionales del ámbito académico. Por otro lado, se beneficiaron 18 empleados de entidades privadas empresariales que tuvieron una destacada participación en el seminario final de la Iniciativa.

Presupuesto

Contribución de la UE: 65,190.91 €

Contribución de la Alianza: 25,756.76 €

Presupuesto total: 90,947.67 €

 

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