Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial Responsable en el ámbito subnacional

Antecedentes

SUSTENTIA, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia trabajan juntos desde hace tiempo en el marco de un proyecto de promoción de la política pública en Derechos Humanos y Empresa desde el nivel departamental en Colombia. Cada una de estas entidades tiene un profundo conocimiento y una dilatada experiencia en la materia, tanto a nivel europeo como latinoamericano.

Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Salta y el Gobierno de la Provincia de San Juan han empezado a trabajar juntos en un proyecto del ‘Fondo CERALC para la promoción de la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe’, financiado por la Unión Europea, con el objetivo de apoyar a los gobiernos a impulsar el enfoque de Derechos Humanos y Empresa desde el ámbito público subnacional, en este caso concreto en el marco de los ‘planes de Derechos Humanos’ de cada una de las entidades.

En el marco de este proyecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Oficina Regional para América del Sur, impulsor del mismo, invitó a SUSTENTIA con el fin de exponer y compartir la experiencia de Colombia, propiciando así un acercamiento entre todas las entidades implicadas en ambos proyectos y generando un fuerte interés por el modelo colombiano. 

De esta manera, surge una alianza entre todas las entidades a la que se suma también la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - Oficina Técnica de Cooperación de Colombia, quien tiene una larga trayectoria en esta materia y ha trabajado estrechamente con SUSTENTIA en varias ocasiones.

Entidades y roles

Triangulación

Gracias a esta Iniciativa de Cooperación Triangular SUSTENTIA, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia ponen a disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gobierno de la Provincia de Salta y del Gobierno de la Provincia de San Juan todo su conocimiento y experiencia en el ámbito de la Conducta Empresarial Responsable y, de forma particular, en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa, con el fin de apoyar la elaboración de sus ‘planes de Derechos Humanos’ y de generar un modelo de trabajo adaptado al nivel subnacional.

A su vez, la generación y aplicación de este modelo en Argentina dará lugar a importantes aprendizajes para las demás entidades de la Alianza, que serán de gran utilidad para los procesos que están actualmente liderando en Colombia y en España, así como en otros países de América Latina y el Caribe, algunos ya muy avanzados como los casos de Chile y Perú.

Todas las entidades de la Alianza han mostrado una gran disponibilidad para poner a disposición el modelo y favorecer su replicabilidad en otras provincias del país.

A su vez, gracias a la participación de SUSTENTIA en distintos programas internacionales sobre esta materia, así como a la dimensión global del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los aprendizajes de generados por esta Iniciativa podrán ser aprovechados a nivel regional o incluso a nivel global.

Paralelamente, esta alianza nace con vocación de estabilidad, por lo que se cuenta con mantener el trabajo conjunto a medio plazo, pudiéndose sumar entidades tanto de los países implicados como de otros países en los que exista interés por en esta temática.

Esta Iniciativa de Cooperación Triangular busca fortalecer las capacidades de las entidades de la Alianza para diseñar e implementar políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa a nivel subnacional, generando un modelo adaptado a este contexto y replicable a escala nacional y regional.

Descripción

Existe un fuerte consenso alrededor del rol estratégico del sector privado empresarial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, es clave promover y consolidar las Conductas Empresariales Responsables, siendo el enfoque de Derechos Humanos y Empresa uno de los principales ejes. 

Desde este enfoque, tanto los gobiernos nacionales como subnacionales tienen la obligación de proteger los Derechos Humanos de los impactos producidos por las actividades empresariales. De hecho, se ha demostrado que en determinados contextos y con determinados tipos de empresas el rol de los gobiernos subnacionales es decisivo. Este ejercicio se enmarca en la tan deseada ‘localización de la Agenda 2030’. Sin embargo, la escasez de experiencias de políticas públicas en materia de Derechos Humanos y Empresa en el nivel subnacional nos invita a fomentar procesos de trabajo conjunto entre los propios actores locales con el fin de crear modelos apropiados y herramientas adaptadas.

Gracias a esta Iniciativa se aprovecha el conocimiento sobre los estándares internacionales, así como la experiencia con la que cuentan entidades españolas y colombianas, para formar a funcionarios y empleados públicos subnacionales argentinos en el diseño e implementación de estas políticas en el marco de sus ‘planes de Derechos Humanos’ y para la generación de modelos replicables y escalables.

Presupuesto

Contribución de la UE: 75,000.00 €

Contribución de la Alianza: 25,350.00 €

Presupuesto total: 100,350.00 €

Enfoque sectorial - contribución a la Agenda 2030

ODS Primario

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

Meta 8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas

ODS Secundario

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales

ODS ADELANTE

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

Enfoque territorial

Metodología de intervención

La metodología de intervención de esta Iniciativa se centra en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y empleados públicos de las entidades de la Alianza para el diseño y la implementación de políticas públicas sobre Derechos Humanos y Empresa, acompañando el proceso formativo con la  generación de un modelo replicable y escalable.

La primera actividad prevista es una consultoría que tiene un triple objetivo: profundizar en la realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Salta y de la Provincia de San Juan desde el punto de vista de los riesgos e impactos en Derechos Humanos de las actividades empresariales, elaborar materiales específicos de cara la formación y al trabajo conjunto previsto en las siguientes actividades y definir los primeros elementos del modelo. La consultoría será realizada por profesionales que han liderado y coordinado procesos similares en España y en Colombia.

Posteriormente tendrá lugar un curso sobre Derechos Humanos y Empresa, Conducta Empresarial Responsable y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El curso estará especialmente diseñado para los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos subnacionales que actúan como beneficiarios de esta Iniciativa. Será una formación virtual durante dos meses en la que se profundizará en los riesgos e impactos de las actividades empresariales de su entorno (partiendo de información recogida y sistematizada durante la consultoría) para vincularlos con las obligaciones asociadas de los gobiernos en todos los niveles y las responsabilidades de los distintos actores, llegando hasta las medidas que se pueden tomar desde el ámbito de las políticas públicas. Todo ello alineado con los estándares y la normativa internacional de referencia y orientado hacia los ‘planes de Derechos Humanos’. Se dedicará también una línea de trabajo a analizar los retos que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto en el ámbito de Derechos Humanos y Empresa.

En este curso SUSTENTIA aportará su experiencia de 15 años en aplicación práctica de los estándares internacionales en distintos países de la Unión Europea y de América Latina, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto sus metodologías pedagógicas y de investigación, así como su conocimiento especializado sobre Derechos Humanos en América Latina, y la Federación Nacional de Departamentos de Colombia su experiencia reciente con los gobiernos subnacionales colombianos y los aprendizajes derivados de la misma.

La Iniciativa se cerrará con un seminario, que tendrá lugar en Argentina. El seminario partirá de la puesta en común de varios casos de estudio tanto de Europa como de América Latina, destacando en este último caso las experiencias de Colombia, Chile y Perú, así como de la propia Argentina. Partiendo de la información recogida durante la consultoría, de la formación impartida durante el curso y de los casos de estudio, representantes de las entidades de la Alianza trabajarán juntos con el objetivo de generar un modelo que ayude identificar los riesgos e impactos de las actividades empresariales y las medidas más adecuadas para abordar los riesgos, además de cómo manejar las relaciones con los actores clave para la creación, aplicación, seguimiento y evaluación participada de estas políticas públicas.

Partiendo de este trabajo, se elaborará un documento marco que se pondrá a disposición de otros gobiernos subnacionales de los países implicados y del conjunto de la región. Este documento marco se irá enriqueciendo con las lecciones derivadas de la aplicación del modelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Salta y en la Provincia de San Juan, lecciones que servirán de insumo para otros procesos en los que las distintas entidades de la Alianza están implicadas.

Se definirá también un plan de trabajo a futuro para esta alianza, abierto a que se puedan sumar más entidades de carácter subnacional y/o especializado, lo que permitirá dar seguimiento y aprovechar el ejercicio iniciado y, a la vez, consolidar la alianza creada como una referencia en la materia a nivel regional.

Personas beneficiarias directas

Según la Norma 9 de la Guía para solicitantes: todas las personas que participan en las actividades de la Iniciativa.

Esta Iniciativa cuenta con 50 personas beneficiarias directas, todas ellas funcionarios, empleados públicos y profesionales de las entidades de la Alianza.

Dentro de este grupo destacan las 15 personas implicadas directamente en la elaboración de los ‘planes de Derechos Humanos’ de los correspondiente gobiernos locales, que tendrán una participación especialmente intensa en todas las actividades de la Iniciativa. 

 

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